Para muchos políticos corruptos, el tema es tabú. Me refiero al tema del fracaso estrepitoso del proceso de regionalización de nuestro país. Con sólo decir que 22 de los 25 Gobernadores Regionales actualmente en funciones están siendo procesados por corrupción. La mitad de los alcaldes, igual. Muchos ex Gobernadores y ex Alcaldes están presos o no habidos. Si eso no es fracaso… ¡entonces qué es!

Por culpa de esas autoridades corruptas e incompetentes, tenemos – en todo el país – hospitales y centros de salud inacabados y abandonados; plantas de tratamiento de aguas servidas inoperativas; botaderos de basura en medio de nuestras ciudades; escuelas sin puertas ni ventanas; carreteras y puentes intransitables; monumentos al sombrero, a la maca, a la ojota, al árbitro de fútbol, y así; estadios con aforos superiores a las poblaciones totales del lugar; piscinas y piletas sin agua… todas obras sobrevaloradas, todas obras con mucha marmaja bajo la mesa.

Por otro lado, los servicios públicos – regionales y municipales – son de pésima calidad. Los servicios de salud y educación – en manos de los Gobiernos Regionales – son lo que son… paupérrimos. Los municipios – provinciales y distritales – son tal para cual. Por ellos, el agua potable y alcantarillado, la limpieza pública, la vivienda, el tráfico vehicular… peor no pueden estar.

En efecto, el común denominador de la regionalización de nuestro país es corrupción, sólo corrupción, y nada más que corrupción. Y los paganos somos los ciudadanos… padres de familia, empresarios, trabajadores, estudiantes – incluso, niños y adultos mayores – que vemos atónitos cómo se malgasta el dinero del Estado; el dinero de todos los peruanos.

Sin embargo, frente a tamaño problema, pocos proponen alternativas de solución. Como si haciendo lo mismo año tras año – sin mover nada en el Estado – las cosas fueran a cambiar. Parafraseando a Lampadia: muchos opinan, pocos analizan. Y yo agregaría… tampoco proponen soluciones.

De ahí mi propuesta de crear Organismos Constitucionales Autónomos – previstos en la Constitución – altamente profesionalizados, meritocráticos, y especializados en cada uno de los servicios públicos fallidos: salud, educación, agua y saneamiento, limpieza pública, tráfico vehicular, vivienda y urbanismo, infraestructura, entre otros. Para ello – no queda otra – habría que quitarle las competencias correspondientes a los Gobierno Regionales y Municipales, incluso a los Ministerios que claramente han fracasado en su función de servir digna y eficientemente a la población.

Se trata – básicamente – de reestablecer la meritocracia y la carrera pública en el Estado, de profesionalizar y despolitizar la gestión estatal, y – lo más importante – de mejorar los servicios públicos en favor de la ciudadanía. El ejemplo a seguir es el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el emblema máximo de la excelencia y eficiencia institucional en el Estado.

Ahora bien, no sería la primera vez que doy a conocer esta propuesta para resolver – a nivel nacional – el fracaso de la regionalización. Efectivamente, varias veces he escrito y opinado a este respecto. Pero – valgan verdades – así como he recibido opiniones favorables, también he recibido comentarios en contrario. Incluso, algunos insultos. Sin embargo, lo que menos me preocupa son los insultos, pues provienen de políticos y funcionarios corruptos, que no quieren – para nada – perder la teta del Estado. En ese sentido, los comprendo. Mi propuesta les debe saber a chicharrón de sebo.

Sin embargo, llama la atención la cantidad de gente que critica la propuesta – sin proponer nada a cambio – diciendo ¿cómo se le va a quitar las competencias a los Gobiernos Regionales y Municipales? En buena cuenta sugieren que todo siga tal cual. Pura cobardía… digo yo. Simplemente, temen la reacción de los políticos regionales.

Los organismos autónomos – dicho sea de paso – serían totalmente descentralizados. Es decir, gestionados desde las propias regiones, por gente de las regiones. Nada de centralizar nuevamente al Estado. El centralismo es tan malo – o peor – que la regionalización. Pero eso sí, los organismos autónomos serían totalmente profesionales, altamente especializados, articulados digitalmente entre sí, blindados de los políticos corruptos, y diseñados exprofesamente para evitar discrecionalidades que – como sabemos – siempre derivan en malos tratos a los ciudadanos, y peor aún, en corrupción.

Ahora bien, la propuesta va más allá de – solamente – crear organismos constitucionales autónomos. Paralelamente, habría que reducir drásticamente la burocracia estatal. ¿Cómo? Fusionando ministerios para reducir de 19 a 10 el número total de carteras. Fusionando instituciones estatales redundantes. Reduciendo el número de distritos en todo el país, y empoderando – más bien – a los Municipios Provinciales.

La idea sería reducir el número total de autoridades políticas y sus respectivas burocracias, y evitar las consabidas interferencias administrativas en el Estado. Todo dentro del marco de un radical proceso de simplificación administrativa y transformación digital del Estado.

Aparte de reducir significativamente la corrupción y la incompetencia en el Estado, la propuesta generaría un gran ahorro en gastos burocráticos improductivos, los cuales se invertirían – eficiente y transparentemente – en mejorar las remuneraciones de los funcionarios públicos, sobre todo de maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales; y en construir más y mejores obras de infraestructura social.

En definitiva, el objetivo final es el bienestar del ciudadano, en vez del bienestar del funcionario o político corrupto. Quien no gobierna para servir a la ciudadanía, no sirve para gobernar al país. ¡Esa es la idea!