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ARTÍCULOFERNANDO CILLÓNIZ BENAVIDES

Lima, 16 de octubre de 2020

En el Perú tenemos una gran cantidad de leyes. Demasiadas. Algunas – las menos – son buenas leyes. Las más, son leyes malas. Leyes fracasadas. Leyes – seguramente – bien intencionadas, pero que no lograron los objetivos para los cuales fueron promulgadas.

¿A qué leyes me refiero? La ley de regionalización es una de ellas. El país se ha atomizado en 25 feudos, sin ninguna capacidad de articulación a nivel nacional. Y poco – o nada – se ha logrado en materia de bienestar social… más allá de ex Gobernadores presos, obras inservibles, maltratos en hospitales públicos, pésimos índices de aprendizaje escolar, y corrupción a tope.

La ley de municipalidades es parecida. Los servicios municipales de agua, alcantarillado, limpieza pública, y tráfico vehicular – en todo el país – van de mal en peor. La diosa coima se ha impuesto en – prácticamente – todos los trámites para el otorgamiento de licencias municipales.

El proceso de planificación y desarrollo urbano es un caos. La autoconstrucción – y viviendas inacabadas – son el común denominador de todas nuestras ciudades. Incluso, muchos alcaldes y regidores son los capos de las mafias de invasiones y tráfico de tierras. Seamos sinceros. La ley de municipalidades es otro fracaso normativo peruano.

Pero hay más. La súper manoseada ley general del trabajo… por ejemplo. La más demagógica y populista de todas las leyes peruanas. La que ofrece el oro y el moro a los empleados y obreros del país. Aunque – en la práctica – haya marginado al 70% de los trabajadores peruanos. Pero más grave aún es que – a pesar de su fracaso – muchos políticos e intelectuales insistan en ella.

La ley forestal es – también – otro fracaso nacional. A los hechos me remito. A pesar de tener uno de los potenciales forestales más grandes del mundo – como es nuestra colosal Amazonía – exportamos apenas US$ 200 millones al año. Me refiero a productos forestales. Mientras que Chile – sin tener nada parecido a nuestra riqueza forestal – exporta US$ 7,000 millones al año. O sea… ¡35 veces más!

¿Y qué decir de las leyes que regulan los sistemas de control del Estado? ¿Y las que regulan los sistemas de compras y contrataciones en el sector público? Pregunto: ¿en qué galaxia estuvieron los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en los últimos años? ¿Cómo así se les pasaron – y se les siguen pasando – los descarados sobrecostos de las obras de infraestructura del Estado? Seamos sinceros. Las leyes en cuestión – o en todo caso, la CGR y el OSCE – también son un fracaso.

El hecho es que nuestras legislaciones de regionalización y de municipalización son un fracaso. La legislación laboral, igual. La legislación forestal ya sabemos… no pasa nada. Y la de los sistemas de control, y de compras y contrataciones del Estado… ya lo dije ¡se les escapan las tortugas!

No tapemos el sol con un dedo. Reconozcamos el fracaso de muchas leyes e instituciones de nuestro país. Si funcionan… bien. Pero si no… ¡para qué insistir en ellas! Mejor sería echarles tierrita.

Milton Friedman – premio Nobel de Economía 1976 – decía: “Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados”. ¡Cuánta verdad!