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ARTÍCULOFERNANDO CILLÓNIZ BENAVIDES

Lima, 4 de setiembre de 2019

Mucho se ha hablado – y se sigue hablando – del fracaso estrepitoso del Estado peruano. La fallida reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero – ¡del verano del 2017! – constituye la demostración más palpable de esta clamorosa inoperancia del Estado. “Mí Estado. Tú Estado. Nuestro Estado” … como diría Carlos Alberto – el Tigrillo – Navarro.

Pues bien. Todos los funcionarios públicos tienen vela en este entierro. De presidentes a conserjes. Todos. Pasando por ministros, viceministros, directores, congresistas, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, regidores… todo el aparato burocrático del Estado está metido en la colada. Por eso la gente dice: ¡El Estado… todo el Estado es un fracaso!

No obstante, la fallida reconstrucción del Norte no es el único caso de este fracaso estrepitoso del Estado peruano. Las recientes muertes de 30 bebitos prematuros en el Hospital Regional de Chiclayo es un fracaso más. ¿Por qué murieron los bebitos? Por falta de incubadoras. Pero ¿por qué no había incubadoras? “El Ministerio de Salud tiene la culpa”. “No… el Gobierno Regional tiene presupuesto. Ellos son los culpables”. “No, no fui yo, fue el Gran Bonetón”. Total… nadie es responsable. Historia conocida.
Una más. La corrupción generalizada es otro fracaso estrepitoso del Estado. Más aún. Estoy convencido de que la corrupción es la madre del cordero de la fallida reconstrucción del Norte, de la falta de incubadoras en el Hospital Regional de Chiclayo, y de la gran mayoría de casos de inoperancia estatal.

Vamos al grano. ¿Acaso los clubes de la corrupción no operan en la Costa Norte? ¿Acaso las mafias de la salud no malogran los equipos médicos – alevosa y premeditadamente – para derivar a los pacientes a sus clínicas privadas?

Esto que estoy comentando es real y verdadero. En Ica lo viví en carne propia. Los congresistas lo saben. Los consejeros regionales también. Todo el mundo lo sabe. Incluso, los órganos de control del Estado… la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, etc.

Ahora bien… como no podía ser de otra forma, la ley es clara y firme al respecto. La corrupción en el Estado es un delito. Y como tal, debe – y puede – ser sancionada. Como Gobierno Regional – durante el período 2015 / 2018 – destituimos y / o suspendimos a cerca de 500 funcionarios corruptos. Gracias a ello mejoramos notablemente los servicios de salud y educación. En transportes eliminamos las mafias de los brevetes. Y en agricultura, minería, turismo, trabajo y demás dependencias del Gobierno Regional mejoramos mucho la atención a la ciudadanía.

El problema es que los órganos de control del Estado brillaron por su ausencia. La Contraloría, la Defensoría del Pueblo, y el OSCE no hicieron mayor cosa frente a la descarada corrupción en los hospitales y demás dependencias regionales. Los únicos que nos compramos el pleito fuimos algunos funcionarios del Gobierno Regional. Ciertos congresistas, el Colegio Médico de Ica, y los periodistas chantajistas – entre otros – se pusieron del lado de los funcionarios corruptos. ¡Increíble!

El Estado es un fracaso. Eso lo sabemos todos los peruanos. Pero los órganos de control del Estado también son un fracaso.

A eso quería llegar. ¡Y a quien le caiga el guante… que se lo chante!