Sí. El Perú es un país de inequidades. Muchos tienen poco o nada, y pocos tienen mucho. En otras palabras, hay muchos pobres y pocos ricos. Y eso no es bueno… al contrario. Sin embargo, no nos confundamos: el problema no es la riqueza. El problema es la pobreza. En ese sentido ¡ojalá hubiera muchos más ricos en el país!

Mucha gente pobre no tiene para vivir dignamente. Ese es el problema. Entonces, bueno fuera que muchos pobres dejen de ser pobres, y pasen a ser ricos. Ese debiera ser el gran logro por alcanzar, de parte del gobierno.

Pero no. Aunque digan lo contrario, el gobierno está empobreciendo a mucha gente. Gente pobre que se está volviendo pobre extrema. O sea, gente que no tienen ni para comer. De allí provienen los mendigos y delincuentes que pululan por las calles de todo el país.

Incluso, mucha gente de clase media se está volviendo pobre. Y gente rica está dejando de serlo. ¡El gobierno está empobrecimiento masivamente a los peruanos… cruel y despiadadamente! ¿Cómo así?

Veamos. El principal factor de empobrecimiento es el desempleo. En su momento, el desempleo provino de la brutal cuarentena decretada por el inepto expresidente Martín Vizcarra, al inicio de la pandemia del COVID. Pero luego – pasada ya la fase crítica de la pandemia – el empobrecimiento de los peruanos proviene de la falta de inversión… sobre todo privada.

“¡No hay empleo!” resuena como disco rayado por todo el país. Muchas empresas – sobre todo, micro y pequeñas empresas – han cerrado. Por consiguiente, las personas que trabajaban en ellas han quedado sin empleo. Por otro lado, importantes empresas mineras paralizaron sus operaciones por conflictos sociales. Conflictos – dicho sea de paso – en su mayoría originados por incumplimientos de acuerdos pactados entre el Estado y las comunidades vecinas a las operaciones mineras en cuestión.

Bueno pues. En esos casos, miles de trabajadores perdieron sus empleos. Al menos, temporalmente. Pero no sólo ellos. Muchos proveedores de dichas empresas también se vieron afectados. Y – por ende – sus trabajadores. Y así sucesivamente, el impacto recesivo llegó hasta los gobiernos regionales y municipales – y al propio gobierno central – por la consecuente disminución de tributos y canon minero.

Sin embargo, el desempleo también proviene de la falta de inversiones en nuevas empresas y / o en ampliaciones de operaciones de empresas en marcha. A ese respecto, sabido es que – en nuestro país – alrededor de 300 mil jóvenes ingresan al mercado laboral, cada año. Pero como no hay nuevas inversiones, esos jóvenes se quedan en la calle.

Ahora pasemos a las inequidades en cuanto a servicios básicos: agua, salud, educación y seguridad. A ese respecto, los ricos no tienen problemas. Ellos tienen todo. Ellos viven en distritos que tienen buenos servicios de agua y desagüe. Educan a sus hijos en colegios y universidades privadas. Se atienden en clínicas privadas cuando lo requieren. Y en temas de seguridad, muchos tienen “guachimanes” particulares. El problema lo tienen aquellos que no tienen acceso a dichos servicios… los pobres.

Pero ¿acaso no es función del Estado brindar dichos servicios básicos? ¿Acaso las municipalidades de todo el país no son las responsables de las empresas de agua y saneamiento? ¿Acaso los gobiernos regionales no están a cargo de la salud y educación – públicas y gratuitas – en sus respectivas jurisdicciones? Y en cuanto a la seguridad ¿acaso la policía y el poder judicial no deben velar por la seguridad de todos los peruanos?

La respuesta a todas las interrogantes anteriores es SÍ. El Estado – con los impuestos que recauda de las empresas y de la ciudadanía – debe brindar dichos servicios públicos, de manera eficiente y transparente. En ese sentido, el Estado es el llamado a reducir las brechas entre ricos y pobres. Y tiene los recursos económicos para ello.

El año pasado, gracias a los buenos precios de nuestros principales productos de exportación, el Estado recaudó más Impuesto a la Renta (IR) que nunca. Incluso, el alza del precio de los combustibles propició también la mayor recaudación de Impuesto General a las Ventas (IGV) de la historia. O sea – dicho sea de paso – cuando suben los precios de los combustibles, el Estado gana y la población civil pierde. Muchos no saben eso. Pues, sería bueno que lo sepan.

En fin, a lo que quiero llegar es que – efectivamente – el Perú es un país de inequidades. El desempleo genera mucha pobreza. Y los pobres carecen de agua, salud, educación y seguridad. ¡Muy injusto! En eso la gente tienen razón. El problema es que el presidente Castillo y su pandilla – teniendo los recursos económicos para ello – están extremando las inequidades, en vez de reducirlas. Ergo… el Estado es el problema.