El Ministerio Público de la República del Perú -mejor conocido como la “fiscalía”- probablemente sea uno de los grandes baluartes del liberalismo, no sólo del Perú, sino del mundo, ya que, muchos de los fiscales que lo integran, parecen haberse nutrido de la filosofía política de John Locke, puesto que sus escritos -por cierto, redactados en un elegante castellano, tan exquisito que podría dar lugar a una nueva gramática neo-castellana- y sus acciones y decisiones -maravillas del ingenio humano, tan razonadas y motivadas en Derecho, como racional y motivado sería decir que “una cobra debe ser un ave, porque se reproduce mediante huevos”- denotan que sus autores son radical y ferozmente creyentes en la absoluta libertad humana y en la mínima intervención del Estado sobre dicha libertad. Bromas aparte, la alusión al liberalismo -con el perdón de Locke y otros exponentes de esa corriente de pensamiento- servirá para mostrar de manera clara, cómo algunos fiscales parecieran utilizar una versión retorcida del liberalismo -una perversión del pensamiento liberal- en la realización de sus labores.

Ese “liberalismo” de algunos fiscales no es exclusivo de ellos. En el Perú, el “liberalismo” es la corriente de pensamiento imperante: Los vendedores ambulantes obstruyen las veredas y violan todas las normas tributarias y municipales existentes, ¿cómo explican eso dichos vendedores ambulantes? Pues dicen algo así como: “es la necesidad”, “tenemos que trabajar” o, el cajón de sastre, la frase más utilizada en el Perú, “es un problema social”. Y con eso justifican el caos, la anomia social, la vulneración diaria e impune de lo que se supone es la “legislación peruana”. Un grupo de manifestantes contra cualquier cosa bloquea las carreteras y utiliza a menores de edad -muchas veces, sus hijos- como escudos humanos -al mejor estilo del depuesto dictador iraquí, Saddam Hussein-, ¿cómo explican eso los manifestantes? Nuevamente, dicen algo así como: “es la necesidad”, “están afectando nuestros derechos” y, la ya conocida frase, “es un problema social”. Y con eso, nuevamente, justifican el caos, la anomia social, la vulneración diaria e impune de lo que se supone es el “ordenamiento jurídico del Estado Peruano”. Pero eso no es lo peor, ¿qué es lo que hace el Estado Peruano inevitable e invariablemente en estos casos? Pues, cede. Acepta que “es un problema social”. Y nunca hay responsables de la vulneración de lo que se supone son leyes, y tampoco hay responsables de todos los daños provocados; en resumen, la impunidad es total. El caos se normaliza y el orden, la legalidad y el respeto de los derechos de los demás, se convierte en lo anormal, lo transgresor. Ese es el “liberalismo peruano”: dejar hacer, dejar pasar… lo que sea. Y, ¿quiénes se benefician siempre de ese “liberalismo peruano”? Pues, los delincuentes, los marginales, aquellos a quienes en el Perú se les conoce como “los vivos”. Valga la aclaración que “delincuente”, “marginal” o “vivo” no son sinónimos de “pobre” o de “no educado” -ser pobre o no ser educado, no es deshonra alguna, por el contrario, muchas veces, se encuentra más sentido del honor y la decencia, en la pobreza o en la falta de educación, que en el poder político y económico-, sino que son términos que se refieren a aquellas personas que, en su mente, solamente tienen derechos pero ninguna obligación o responsabilidad. Esa clase de personas existen en otras sociedades, pero reciben a cambio la consecuencia jurídica -administrativa, civil y penal- prevista en la legislación de esas otras sociedades. El problema es que, en el Perú, no reciben consecuencia jurídica alguna y, por el contrario, los fiscales “liberales, los protegen y defienden “su derecho” a actuar como les plazca. El concepto es bastante grotesco, pero es real, y vamos a concluir con un caso concreto de la vida real para ilustrar este punto.

¿Qué opina usted que está leyendo estas líneas, de un servidor público -es decir, un trabajador de una entidad del Estado- que se dedica a rendir cuentas de comisiones de servicios con boletas de venta adulteradas? Es decir, ese servidor público, consigue y presenta a su entidad, una boleta de venta de un establecimiento “x” por un monto “y”, descubriéndose luego que, en el establecimiento “x” obra el original de la boleta de venta por un monto bastante inferior a “y”. Por cierto, no se trata de una sola boleta de venta sino de varias a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica prevista por la legislación laboral pública para ese tipo de conducta? La destitución. Pues bien, ese servidor público fue destituido por esos hechos. Apeló ante el Tribunal del Servicio Civil. Su apelación fue declarada infundada, por lo que la destitución quedó ratificada en última instancia administrativa. Era evidente, porque la falta es grosera, ¿no es cierto? Bueno, eso que parece tan claro por lo burdo y grosero de esa conducta, no fue tan claro para un “fiscal liberal”.

Resulta que, a pesar de haber sido declarada infundada su apelación y a pesar de haber interpuesto una demanda de amparo contra la resolución que declaró su destitución, en una ciudad que no le correspondía -por lo que la demanda de amparo tampoco prosperó-, el servidor público destituido interpuso una denuncia penal por “abuso de autoridad”. Y, ¿cuál es el abuso de autoridad? Pues haberse atrevido a investigarlo, a conseguir las pruebas de la falta administrativa y a sancionarlo con destitución. Aunque parezca increíble, un fiscal inspirado por el “liberalismo peruano”, acogió esa denuncia y ha formulado acusación por “abuso de autoridad” alegando, básicamente, que es abusivo haber realizado actividad de investigación y probatoria, y haberle sancionado con destitución (a lo que agrega ese fiscal que, es abusivo no haberle creído al servidor público destituido que la falsificadora era la propietaria del establecimiento “x” y no él). Esta es la clase de trabajo que realizan esos fiscales “liberales”.

El caso es un caso real -y merecerá un artículo concreto sobre el caso concreto-, este artículo solamente constituye el planteamiento del problema en líneas generales. El nombre del fiscal es Jorge Alberto Ríos Barriga, del Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, y el servidor público destituido -hoy denunciante- es Humberto Luis Santa María Jiménez, ex-servidor del Gobierno Regional de Ica. Quien escribe estas líneas es quien emitió la resolución de destitución y, por tanto, una de las personas acusadas por el fiscal. Esta clase de cosas no debería suceder en un Estado constitucional de derecho, pero, esta es la realidad del Perú. Un agente del Estado Peruano -porque un fiscal, lo es- cree que puede realizar cosas como esa impunemente, sin que nadie lo sepa ni le preste atención. En este caso, eso ya no es así, cosas como esta no solamente deben ser denunciadas y demandadas en las vías penal, funcional, civil y constitucional del fuero interno peruano, y reportadas a las entidades de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano -para que se vayan sumando los casos de actuaciones de este tipo de los agentes del Estado Peruano-, sino ser difundidas públicamente como sanción social y para generar conciencia que este tipo de cosas no deberían suceder.

Hasta aquí el presente artículo, el cual acabamos reiterando que muchas cosas tienen que cambiar en nuestro país si es que realmente queremos ser un Estado constitucional de derecho, por lo que, a tratar estos temas es a lo que nos estamos dedicando en esta serie de artículos.