Si la ley se aplicara en nuestro país, el Estado estaría atiborrado de denuncias por Omisión de Funciones. Veamos a qué me refiero. Es función del Estado servir a la ciudadanía a través de los siguientes servicios públicos: educación y salud, agua y desagüe, recojo y tratamiento de basura urbana, infraestructura de transportes y comunicaciones, cuidado del medio ambiente, justicia, seguridad ciudadana, entre otros.

¿Y cómo es? Pues… muy pocos peruanos tenemos agua potable continua. Algunos tienen agua esporádicamente. Y muchos – simplemente – no tienen acceso a ninguna red de agua potable. La infraestructura de transportes deja mucho que desear. La crueldad y el maltrato son denominadores comunes en los servicios de salud pública. La corrupción está enquistada en casi todos los hospitales del Estado. La basura está tirada por calles y plazas, y nuestros ríos y mares están llenos de plásticos. La educación pública está muy lejos del nivel que merecen nuestros estudiantes.

Y en cuanto a los servicios de justicia y seguridad ciudadana ¿qué quieren que les diga? Últimamente, la prensa y la televisión se han ocupado inextenso de la corrupción en el sector justicia. Ante tal nivel de podredumbre cabe preguntarse ¿qué justicia podemos esperar los peruanos? Y ¿qué decir de la inacción del Estado frente a su función de brindarnos seguridad? ¿Qué hace el Estado frente a los frecuentes bloqueos de carreteras, sabotajes anti petroleros, barras bravas, infracciones de tránsito, comercio ambulatorio, invasiones de tierras, y demás delitos flagrantes?

En general, el Estado se hace de la vista gorda ante muchos casos como los mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido – en términos jurídicos – el Estado incurre sistemática y recurrentemente en delitos de Omisión de Funciones… salvo honrosas excepciones.

¿Cuáles son esas honrosas excepciones? Pues aquí van dos que merecen nuestro máximo reconocimiento. Dos extraordinarios ejemplos de lo que significan los principios de autoridad y justicia. Dos ejemplos que deben marcar la pauta respecto al orden y legalidad que queremos la gran mayoría de peruanos.

Me refiero – en primer lugar – a la estupenda intervención del Estado en el desalojo de esos infames personajes de La Pampa en Tambopata. Por fin se acabó la terrible afectación ambiental en esa parte de nuestra preciosa y sagrada Amazonía. Y ¡qué decir de la trata de menores y demás casos de lumpen y miseria humana que se habían enquistado en aquel – otrora – majestuoso paraje de Madre de Dios! Un Estado justo y firme… ¡eso es lo que queremos los peruanos!

Y, en segundo lugar – aunque no por ello menos importante – debo referirme al alcalde Forsyth de La Victoria, y reconocer su liderazgo y compromiso en el ordenamiento del emporio comercial de Gamarra. Ojalá tuviéramos más alcaldes como él. Loor también a la Policía Nacional del Perú por su efectividad e inteligencia en aquel mega operativo. Un aplauso para estos dos grandes ejemplos de autoridad y justicia de parte del Estado.

Sin embargo, la pregunta es ¿por qué tantas Omisiones de Funciones, y por qué tan pocas honrosas excepciones? ¡Tanto les cuesta a nuestras autoridades seguir el ejemplo de Tambopata y La Victoria! La Omisión de Funciones en el Estado es un sancochado de ineptitud, demagogia, populismo, miedo, corrupción… y muchas lacras más.