En mi gestión como Gobernador Regional de Ica, fueron destituidos o sancionados varios servidores que cometieron faltas graves. Es decir, aquellos funcionarios probadamente corruptos, o que no cumplieron con los objetivos y metas de la institución, o aquellos malos servidores que maltrataron cruelmente a la ciudadanía.

Además, tal como me comprometí cuando asumí el cargo en enero del 2015, en el Gobierno Regional no hubo “clientelismo político”. Es decir, no hicimos caso a ninguna persona – ya sea Congresista de la República, Consejero Regional, u otra, cualquiera sea su cargo – que pretendió favorecer indebidamente a algún familiar o allegado con algún trabajo, obra o adquisición de cualquier bien o servicio, sin el correspondiente concurso de méritos. O – lo que es lo mismo – que pretendió la destitución de cualquier funcionario porque no era de su agrado.

En lo que a malos funcionarios o trabajadores se refiere, me estoy refiriendo a un universo muy acotado que – lamentablemente – estuvo enquistado en la organización regional; tal como sucede en la mayoría de instituciones públicas de nuestro país. No obstante, llamó la atención que en los últimos 10 años o más – previos a nuestra gestión – no haya habido ninguna destitución de ningún servidor del Gobierno Regional por ninguna falta grave. ¡Como si no hubiera habido ninguna corruptela, incapacidad o maltrato a la ciudadanía! Eso no se lo cree ni Santa Inocencia.

Pues bien, nosotros acabamos con tamaña impunidad. La legislación laboral peruana es muy clara – y justa – en materia de sanciones a los servidores que cometen faltas en el trabajo. En efecto – de acuerdo a ley – son faltas graves (1) el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, (2) la apropiación indebida de bienes y servicios del Gobierno Regional, (3) la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la institución, (4) la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez, (5) los actos de violencia, injuria y faltamiento de palabra en agravio de otros funcionarios de la institución, (6) el daño intencional de los bienes del Gobierno Regional, (7) el abandono de trabajo y / o impuntualidad reiterada; entre otras.

En ese sentido, en atención a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo – y por respeto a la población iqueña, a quien nos debimos por entero – todas nuestras gerencias y direcciones regionales fueron muy rigurosas en el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia laboral.

¿Qué logramos con dicha política laboral? Disciplina. ¿Y qué vino detrás de la disciplina en el trabajo? Mejores servicios a la ciudadanía. ¡Ese fue el punto! Aunque los funcionarios sancionados pusieron el grito en el cielo, y jamás reconocieron sus faltas graves, impusimos – en buena lid – la disciplina laboral en el Gobierno Regional.

Gracias a la disciplina laboral – poco a poco – mejoramos la calidad de los servicios a la ciudadanía. Efectivamente, preguntados por la cordialidad, celeridad y honestidad con que fueron atendidos los ciudadanos que recurrieron al Gobierno Regional durante nuestra gestión; 70 % respondieron bueno y 27 % excelente. ¡Eso es progreso!

La atención en nuestros hospitales, escuelas, y direcciones como transportes, agricultura, trabajo, minería, y demás, mejoraron notablemente durante nuestra gestión. Con el aporte generoso y sacrificado de los trabajadores del Gobierno Regional ¡lo logramos!

Liderazgo. Disciplina. Idoneidad. De eso se trata la gestión pública.